EL ALMA DEL FETO

El feto de menos de trece semanas no es únicamente un ser vivo, como dice la ministra Bibiana Aído, es un ser humano. Abortar es -pues- eliminar una vida humana. Eso no habría que discutirlo, por evidente. Lo difícil, lo imposible es tratar de fijar "la humanidad" del feto como una cualidad que éste "adquiere" a partir de un determinado momento de la gestación. Imposible, por absurdo. Es volver a la distinción entre cuerpo y alma. Ese ser minúsculo, único e irrepetible, producto de millones de años de evolución y de historia, es, desde el primer momento, persona, con toda la dignidad humana que ello comporta, y con todo el derecho a la protección jurídica, mayor cuanto su indefensión lo requiere.
Una cosa es el efecto jurídico que la ley anude al hecho de destruir esa vida humana (desde castigarlo como delito a favorecer su práctica por vía de liberalizar la dispensación de medios contraceptivos). Ello podrá depender de la consideración de otros intereses en conflicto, que se consideren igualmente dignos de protección. De la elección que haga el legislador dependerá nuestra calificación de la ley como justa o injusta (según nuestros criterios éticos). Pero cosa bien distinta es pretender negar la entidad del hecho en que el aborto consiste, hacer de ese hecho algo irrelevante y convertir el feto en poco más que una víscera, una excrecencia. El aborto es de un acto de una trascendencia humana tremenda y en todo caso constituye un mal, tanto a nivel personal como social.
El Derecho, para sus propios fines, utiliza ficciones. Por ejemplo, a la hora de atribuir derechos a un nacido, requiere que viva veinticuatro horas desprendido del seno materno: entre tanto, se considera que no tiene "personalidad", que no puede tener derechos. La razón es impedir que el nacimiento de un ser inviable pueda alterar el destino familiar de los bienes. Esto justifica la ficción de no considerar persona al nacido. Pero nadie, en su sano juicio, negaría por ello que matar a ese recién nacido sea un delito.
Por lo mismo, hemos de distinguir lo que es la política legislativa de un determinado gobierno, de lo que es la realidad de las cosas. La ley debe regular conflictos y efectuar opciones, pero no puede -no es su misión- transformar la realidad de los hechos ni su calificación moral.